A cuatro meses de Ayotzinapa. Reclamos de justicia e impunidad

“¿Qué harías si [uno de los normalistas desaparecidos] fuera tu hijo? No son números, son historias de vida como la tuya y sueños como los nuestros” [Pancarta de una manifestante, segunda Jornada Global por Ayotzinapa, 15 de octubre de 2014, México, D.F.]

 

“Los desaparecidos nos faltan a todos” [Cartulina de un manifestante, cuarta Jornada Global por Ayotzinapa, 5 de noviembre de 2014, México, D.F.]

 

“No importa el día, la lluvia o el sol, nosotros continuaremos con nuestra exigencia que es y seguirá siendo la misma, presentación con vida de nuestros compañeros y que sepa el gobierno que el 2015 será nuestro año”, Omar García, vocero de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, 26 de diciembre 2014.

 

1.-Ausencia de respuestas

A.-Permanencia de las exigencias de justicia

Ya han pasado cuatro meses desde los hechos violentos de Iguala del 26 y 27 de septiembre de 2014 y, pese a los avances y las decenas de detenidos, sigue faltando de parte de las autoridades federales un esclarecimiento creíble de lo acontecido y la presentación con vida de los desaparecidos. A la fecha y pese a la captura de casi un centenar de personas involucradas en los asesinatos y desapariciones de Iguala, las acciones e indagatorias de las autoridades federales no han podido dar respuesta a los puntuales y legítimos reclamos de los padres y compañeros: la aparición [con vida] de los normalistas, el esclarecimiento de los hechos y el castigo a todos los responsables materiales e intelectuales (así como a aquellos que por omisión son parte de estos hechos). El actuar del Estado mexicano se explica considerando dos hechos. Primero, hay una falta de infraestructura (de recursos materiales y humanos) para la atención de las desapariciones forzadas, no hay ni aparatos legales idóneos ni organismos oficiales especializados; esta falta de aparatos e instrumentos jurídicos y políticos para lidiar con delitos de desaparición forzada se debe a la negligencia de los dos últimos regímenes federales. Pero, en segundo término y sobre todo, por una dudosa voluntad política que se ha manifestado en una cadena de hechos: (a) la primera intención de atribuir un carácter local al caso y circunscribirlo al ámbito de las autoridades de Guerrero, (b) la tardía atracción de la investigación por parte de la PGR, (c) el intento de inculpar a los normalistas al vincularlos a un grupo rival de los guerreros unidos, (d) la falta de información creíble, (e) el tardío encuentro del ejecutivo con los deudos, (f) la presentación irregular e inconsistente de una versión de lo acontecido en Iguala con insuficiente y parcial evidencia (basada sobre todo en declaraciones).

Ayotzinapa recuerda y muestra fehacientemente una vez más los saldos y deudas pendientes que el Estado tiene con la sociedad y que son resultado de la violencia del sexenio anterior y lo que va de este; ahí están presentes los más de cien mil asesinatos y las decenas de miles de desapariciones forzadas que no se han investigado y que están relacionadas a la política de seguridad oficial (particularmente a la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado). La relativamente reciente creación del Sistema Nacional de Atención de Víctimas ha sido una medida mediática que no ha dado respuesta creíble a los miles de familiares de las víctimas. Por otro lado, los hechos de Iguala muestran también que el Estado mexicano incumplió las recomendaciones que, desde 2011, el Relator Especial de la ONU para Desapariciones Forzadas, Ariel Dulitzky, había hecho. La reciente visita a México en noviembre pasado del Relator Dulitzky en relación al caso Iguala mostró que las autoridades federales, pese a que podrían tenerlos, por omisión política no cuentan con: (1) un marco jurídico adecuado para indagar los miles de casos de desapariciones forzadas, (2) tampoco tienen ni han generado un banco genético para la identificación de los desaparecidos y carecen de protocolos e infraestructura (organismos oficiales especializados) para dar atención a estos casos. Pese a la magnitud (estamos hablando de miles y miles de víctimas) y el carácter histórico estructural que han adquirido este tipo de crímenes (desde hace casi una década son una constante de la vida sociopolítica del país), la actual administración federal no ha reconocido en su justa dimensión ni atendido a cabalidad la gravedad de la situación.

B.- Guerrero, genealogía de violencia y reflejo estructural y nacional del agravio

Si bien Guerrero tiene una particular historia de violencia política y lucha, las desapariciones forzadas y los asesinatos de Iguala no son un caso aislado ni privativo de esa entidad federativa. Por el contrario, las víctimas de Guerrero se suman a las decenas de miles de desaparecidos y asesinados en el territorio nacional en los últimos ocho años. Las desapariciones y asesinatos tampoco no son nuevas en Guerrero, ya desde la guerra sucia y el terrorismo de Estado (a nivel federal y estatal) de la década de 1970 estas formas de violencia física y política se dirigieron a diversos grupos y organizaciones sociales, políticas e insurgentes (como las de Lucio Cabañas y Genero Vázquez) e implicaron centenas de desapariciones y asesinatos; posteriormente acontecieron las masacres de Aguas Blancas y el Charco. Guerrero es un ejemplo acentuado de la vieja cultura política caciquil y represiva del antiguo régimen del Partido-Estado, muestra fehaciente de la marginación estructural de carácter socio-económico que se funda en la desigualdad. Sin embargo, en el caso de Iguala además están presentes una serie de problemáticas nacionales que no se limitan a una región y que, desde hace años, definen la vida política del país: colusión de los grupos delictivos con autoridades y diversas fuerzas de seguridad (a nivel municipal, estatal y federal), impunidad, negligencia oficial y desdén generalizado por los derechos y la seguridad del común de los ciudadanos.

C.- Escenarios, suspicacia y la ausencia de voluntad política

Una de las razones en que se funda la suspicacia y la ausencia de credibilidad hacia las autoridades federales respecto al caso de Iguala remite a que hubo una serie de antecedentes claros. Muchos meses antes de los asesinatos y desapariciones de los normalistas de Ayotzinapa sectores del PRD vinculados a Bejarano y miembros de organismos de derechos humanos relacionados al Obispo Raúl Vera denunciaron ante el gobierno federal la participación directa del ex-alcalde de Iguala en el asesinato de un sindico municipal y de tres miembros de la organización Unidad Popular, además del precedente de las muertes violentas en 2011 de dos estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

A esta indolencia frente a ese contexto de violencia política, se sumó la inconsistente e irregular actuación del Estado mexicano una vez que, forzado por la presión social y mediática en México y el extranjero, atrajo el caso. El recuento de desencuentros y tensiones es largo: incorporación tardía de las autoridades federales (marcada además por una falta de coordinación y tensión con las autoridades de Guerrero), falta de información y de avances de las investigaciones a los padres y compañeros de los normalistas asesinados y desaparecidos, posteriormente se intentó criminalizar a las víctimas al vincularlos de manera infundada al crimen organizado, el Ejecutivo federal tardó semanas en reunirse con los deudos, además de la presentación mediática de versiones dudosas y con múltiples inconsistencias (basados sobre todo en los testimonios de algunos perpetradores y con muy poca evidencia física de soporte).

Conforme pasan los días y semanas, el Estado mexicano y sus instituciones encargadas del caso de Iguala han perdido legitimidad frente a los padres y compañeros de los normalistas asesinados y desaparecidos, esta falta de credibilidad se extiende a grandes grupos de la sociedad y diversas organizaciones políticas y sociales. Con base en el sinuoso actuar de la PGR y los resultados parciales e inconsistentes de las indagaciones oficiales, hay una amplia percepción social de que el Estado esconde o guarda para sí información, surge la inquietud de que las respuestas dadas son forzadas e insuficientes y sólo buscan dar por concluido el caso. Por ello, los padres han reiterado que dejen trabajar al Equipo Argentino de Antropología Forense y han aseverado que sólo reconocerán los resultados de las indagaciones de dicho Equipo.

2.- Las investigaciones en torno a los normalistas asesinados y desaparecidos de Ayotzinapa

A.- Suspicacia y desencuentro

De este modo, a poco más de cuatro meses de los hechos de violencia de Iguala y pese a las decenas de personas detenidas por estar involucradas (material e intelectualmente) en las desapariciones y asesinatos, sigue sin saberse del paradero de los más de cuarenta estudiantes normalistas que fueron secuestrados el 26 de septiembre de 2014. Desde su inicio y a causa de diversas irregularidades e inconsistencias, las indagatorias oficiales (primero estatales y posteriormente federales) despertaron un halo de suspicacia e incertidumbre. No obstante, ahora, con la información difundida hace varias semanas por múltiples medios de comunicación acerca de que datos y evidencias claves (testimonios de normalistas y reportes provenientes de los aparatos de seguridad estatales) deliberadamente fueron descartados y de que análisis científicos ponen en entre dicho la versión difundida de la PGR (de que los estudiantes fueron asesinados y calcinados en un basurero de Cocula), se ha incrementado y generalizado en múltiples sectores de la sociedad la falta de credibilidad respecto a la capacidad y voluntad política de las instituciones federales de procuración de justicia para resolver el caso Iguala. Muy lejos está el Estado de dar una respuesta verosímil y satisfactoria a las tres demandas principales de los padres y compañeros de los normalistas de Ayotzinapa: (1) presentación con vida de los estudiantes desaparecidos; (2) esclarecimiento creíble y fidedigno de los hechos violentos del 26 de septiembre en Iguala; (3) y, finalmente, castigo a todos los responsables (materiales e intelectuales) de estos hechos, así como de aquellos que por omisión y/o negligencia hayan tomado parte. Los asesinados y desaparecidos de Ayotzinapa son sólo la agreste punta de un iceberg colosal que demuestra que la impunidad y la negligencia son, desde hace décadas y particularmente en relación a la violencia hacia los sectores populares (estudiantes, maestros, campesinos e indígenas), una constante de la vida política y social del país. Conforme pasan las semanas y meses, el Estado demuestra de facto que para él hay vidas que valen menos y son prescindibles.

B.- Inicio viciado: evidencia sesgada e investigaciones parciales

El reclamo de que se incorporaron otras líneas de indagación en las investigaciones oficiales del caso Iguala no es una petición nueva, tiene antecedentes desde hace meses. Sin embargo, esta exigencia se ha incrementado significativamente desde la reciente difusión de información en torno a que no se está considerando, y de facto se omitió, evidencia relevante respecto al caso Iguala-Ayotzinapa. No obstante, ya desde los días posteriores al 26 de septiembre de 2014 los padres y compañeros de los normalistas asesinados y desaparecidos, junto con organismos sociales (como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlachinollan), han insistido reiteradamente que dentro de las indagatorias oficiales no se está retomando información significativa relativa al caso. (1) Por un lado, se ha dejado de lado los múltiples testimonios de los normalistas sobrevivientes y agredidos que vivieron y presenciaron los hechos, las declaraciones de aquellos que sufrieron en carne propia los agravios de las fuerzas de seguridad. (2) Y, por otra parte, tampoco han sido incorporados como información pertinente para el esclarecimiento de los hechos los registros audiovisuales que estos mismos estudiantes lograron grabar con sus celulares la noche de la agresión.

Dicha evidencia apunta y sugiere que, más allá de la versión que públicamente ha postulado la PGR en relación al involucramiento único y exclusivo de autoridades municipales y grupos del crimen organizado en los hechos de Iguala, también habían sido participes (directa e indirectamente) otras instituciones de seguridad del Estado mexicano. Frente a este panorama surge una pregunta de respuesta obligada ¿En qué investigación seria y cabal se omite deliberadamente y sin explicación razonable videos de los acontecimientos y testimonios de las víctimas que sufrieron de manera directa las agresiones y la violencia? La carencia y falta de justa valoración de esta información clave no sólo manifiesta una actitud deliberadamente negligente y fuertemente sesgada, sino que, además del desdén e indiferencia oficial hacia los deudos de las víctimas, contribuye directamente a propiciar situaciones de impunidad (en la medida en que se ha dejado de lado evidencia fundamental que contribuirá a la resolución del caso y ha quedado relegado el ejercicio de la justicia y el castigo de todos los responsables).

C.- Duda, refutación y sospecha: una versión muy improbable de los hechos

Las críticas que ponen en entre dicho la versión de la PGR sobre los hechos de Iguala tiene dos vertientes (complementarias entre sí) y ambas coinciden en apuntar la insuficiencia de información, evidencia material y pruebas que han mostrado las indagatorias oficiales en el transcurso de estos meses. (1) Una de las refutaciones, sostenida por los físicos Jorge Montemayor del Instituto de Física de la UNAM y Pablo Ugalde de la UAM-Azcapotzalco, recalca que, conforme a lo que hasta ahora se sabe y se ha hecho público, no es posible que haya acontecido el asesinato e incineración de los estudiantes en el lugar señalado por la PGR; lo cual conduciría a abrir otras líneas de investigación y a la incorporación de otros datos y evidencias que a todas luces han sido minusvalorados. Con base en diversos análisis y explicaciones entorno a las condiciones físico-químicas necesarias para cremar decenas de cuerpos (temperatura necesaria, insumos e infraestructura indispensables, materiales requeridos para ese proceso de combustión, condiciones meteorológicas, entre otros), concluyeron que, contrario a lo sostenido por la PGR, no es físicamente factible que se hayan asesinado y calcinado a los normalistas en el basurero de Cocula el 26 y 27 de septiembre; y que, si efectivamente se asesinó y quemó a los jóvenes de esa manera, esto se llevó a cabo en otro lugar y con el sustento de infraestructura material adecuada (hornos especializados como crematorios) (La Jornada, 4 de enero 2015).

(2) El otro cuestionamiento se funda en información de una investigación periodística (Proceso 1989, 1990 y 1991), que, recurriendo a testimonios de los normalistas (sobrevivientes de los hechos de violencia) y a datos y reportes obtenidos de los órganos de seguridad e inteligencia del Estado mexicano (el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Computo de Chilpancingo, el C4) (Proceso 1989), señala tanto el involucramiento de otros actores institucionales (la Policía Federal y el Ejercito) como el hecho de que autoridades de diversos órdenes de gobierno (estatal y federal) sabían en tiempo real lo que estaba aconteciendo en Iguala con los normalistas de Ayotzinapa durante la noche del 26 de septiembre en Iguala y no hicieron nada por evitarlo.

Esta información viene nuevamente a cuestionar y sembrar serias dudas sobre la versión de los hechos que ha difundido y defendido a capa y espada la PGR y vuelve a poner sobre la mesa el tema de cuál es la verdadera voluntad política del Estado mexicano para resolver el caso. El recuento previo apunta más bien a que la intención de las autoridades federales es dar carpetazo y cerrar el caso, con miras a enterrar la crisis política en que se encuentra sumido el Estado desde fines de septiembre pasado. Así mismo y a un nivel mucho más amplio y general, plantea la inquietud de que, dado el involucramiento y participación directa e indirecta de actores e instituciones estatales en los asesinatos y desapariciones de los normalistas de Ayotzinapa y las circunstancias de impunidad que han rodeado el caso Iguala, el Estado mexicano y sus instituciones no son capaces ni de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, ni de impartir justicia y castigar hechos criminales. En el contexto de un Estado cómplice, negligente y que fomenta de facto la impunidad, los padres y compañeros de los normalistas, junto con amplios sectores de la sociedad, han exigido y pedido que también se lleven a cabo investigaciones independientes y externas (como las que realiza el Equipo Argentino de Antropología Forense) y que intervengan organismos internacionales (como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU) en la búsqueda de los desaparecidos y la resolución del caso.