A propósito del asesinato reciente de un líder indigena en Costa Rica

El pasado 24 de febrero, en Costa Rica, Jerhy Rivera Rivera, un líder indígena en la zona de Térraba, fue asesinado (véase nota de prensa de Delfino.cr): la ubicación geográfica de su muerte coïnicide con la región en la que fue asesinado el año pasado otro líder indígena costarricense, Sergio Rojas, el 18 de marzo del 2019. En ambos casos, estos líderes indígenas habían sido objeto de amenazas de muerte, las cuales eran de conocimiento público, en particular de las autoridades costarricences: en el 2013, el mismo Jerhy Rivera fue entrevistado con respecto a las amenazas recibidas (véase nota con audio de Voces Nuestras). Habíamos tenido la ocasión de examinar las cartas hechas públicas por Naciones Unidas con respecto a los requerimientos específicos hechos a las autoridades costarricenses sobre el asesinato de Sergio Rojas (véase nuestra nota al respecto publicado en el portal de la Universidad de Costa Rica – UCR).

El hecho que, a diferencia de Jerhy Rivera, el líder indígena Sergio Rojas fuese objeto de medidas cautelares ordenadas en el 2015 al Estado costarricense por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para resguardar su vida y su integridad física, evidencia la total inoperancia estatal.

Es de notar que a la fecha, las autoridades costarricenses no han logrado aún identificar a los autores materiales del asesinato de Sergio Rojas, ultimado con 15 disparos, y se tiene serias reservas sobre las posibilidades que tengan de identificar en el futuro a los autores intelectuales de este vil acto.

La muerte de Jerhy Rivera viene ahora a interpelar nuevamente a las autoridades sobre su accionar con respecto al clima de violencia y de impunidad campante que persiste en la zona de Térraba y que mantiene indignadas a las comunidades indígenas (así como a muchas organizaciones sociales costarricenses), cuyos legítimos reclamos siguen sin obtener una respuesta por parte del Estado costarricense.

En sus declaraciones, la representante de Naciones Unidas en Costa Rica no dudó en señalar (véase nota de prensa de Informa-tico) el vacío existente en Costa Rica con relación a quiénes defienden a las comunidades indígenas:

“Las autoridades del país deben garantizar la protección de las defensoras y los defensores indígenas de derechos humanos“.

El marco legal costarricense a la fecha no tiene previsto ninguna protección especial para proteger a líderes sociales que son objeto de ataques, intimidaciones o bien de amenazas de muerte. La total incapacidad del aparato represivo costarricense para identificar a los autores intelectuales de la muerte del jóven Jairo Mora Sandoval, biólogo asesinado en la playa de Moín en el 2013 (el cual contabilizaba los nidos de tortuga en esta precisa playa del Caribe costarricense con un grupo de voluntarios), demuestra cuán urgente resulta encontrar figuras legales y herramientas específicas para lograr identificar a los responsables de este tipo de asesinatos.

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