La sociedad responde y Sare acepta el reto de llegar al fin de la dispersión
La valoración fue positiva porque se pudieron ver caminar juntas «a personas de diferentes ideologías, unidas por un compromiso de convivencia en nuestro pueblo». Preguntados por su opinión respecto a que ciertos partidos no apoyaran a la marcha, los sarekides respondieron que «Sare no va a entrar nunca en el debate de los partidos, lo que tenemos que hacer es respetar las posiciones políticas. Sare lo que quiere es que el debate sobre la vulneración de los derechos de las personas presas deje de estar dentro de la agenda de las confrontaciones entre partidos y pase a estar en la agenda de los acuerdos y del trabajo en común».
Los portavoces recordaron que los manifestantes del sábado -buena parte de los cuales partió desde ese mismo punto frente al consistorio para reunirse con la otra mitad en la plaza Zabalburu- dejaron claro que «la dispersión debe acabar ahora» puesto que «la necesidad de su final lo reclama la mayoría de nuestra sociedad». A este respecto, los integrantes de Sare saben que el camino hacia el fin de la dispersión «será complejo», pero no por ello van a dejar de luchar, sino que harán frente a «quienes quieren perpetuar el sufrimiento y la confrontación». «El objetivo de acabar con la política vengativa de la dispersión, después de tantos años en vigor, es un reto que como sociedad lo debemos superar entre todos. Lo podemos conseguir y Sare asume este reto y este compromiso», indicaron los sarekides a los medios. También afirmaron que es necesaria la activación «de cada vecino, cada amiga, cada compañero», y que es necesario el compromiso de todos «para que la reivindicación se materialice». Sare, en este sentido, seguirá «tejiendo la red», seguirá trabajando y apostando por la unidad para hacer causa común en el trabajo por el fin de la dispersión.
«No queremos que todo esto quede en una foto; que no se apaguen nuestros rayos de luz. Intercambiémos opiniones; convirtámoslas en pasos enriquecedores para acabar con la dispersión, compartamos ese mismo fin, caminemos en una misma direción», animaron Aldezabal y Azkarraga.
Para ayudar a esa red, Sare está repartiendo miles de cuadernillos informativos sobre la dispersión, que portaban los sarekides en la rueda de prensa de ayer, escrito en euskara, castellano, francés e inglés. Este puede ser enviado a gente que vive fuera de Euskal Herria para que se informe e informe a su vez a quienes le rodean. También se puede trabajar desde casa, puesto que todavía queda gente que no conoce la realidad de los presos vascos y su situación. Sare invita a los ciudadanos a dar pequeños pasos para que informen a sus allegados e aumentar de esta manera la red. «Construyamos entre todos una red de personas que pivote su quehacer en la defensa de los derechos humanos», expresaron.
El juez Castro pide informes tras las quejas de presos
El titular del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro, ha comenzado a tramitar las quejas contra la dispersión presentadas por un grupo de presos en situación especialmente delicada por estar enfermos, tener más de 70 años, llevar más de dos décadas entre rejas… Según ha podido constatar GARA, ha reclamado informes sobre la situación de al menos dos de ellos: Josetxo Arizkuren (enfermo) e Iñaki Cañas (más de 20 años preso).
Esta iniciativa del juez es considerada por fuentes jurídicas como un paso lógico para poder decidir, por lo que no permite prejuzgar cuál será su decisión final. Las quejas de estos presos se refieren a la aplicación de la dispersión. Así, tras dar cuenta exhaustiva de su situación demandan el traslado a Euskal Herria, más concretamente a Zaballa. En la actualidad, por ejemplo Arizkuren está en A Lama (Pontevedra) y Cañas en Córdoba.
Los informes requeridos por De Castro son idénticos en los dos casos. Requiere a Instituciones Penitenciarias que le remita copia de la resolución denegatoria de la solicitud de traslado hecha en la pasada primavera (y que dio pie a esta inédita iniciativa judicial de Euskal Preso Politikoen Kolektiboa). También reclama el juez central de Vigilancia Penitenciaria información sobre «la situación penal y penitenciaria del interno», un «informe social relativo al mismo» y la «relación de los centros penitenciarios en los que ha estado ingresado el interno, y fechas de los traslados efectuados».
Junto a ello, José Luis de Castro plantea que «alegándose vulneración de derechos fundamentales y penitenciarios, se interesa informe sobre: a) Derecho de comunicaciones: Número y frecuencia de las comunicaciones (ordinarias, especiales, telefónicas y escritas) realizadas por el interno con familiares, amigos y allegados en los dos últimos años; b) Derecho de defensa: Número y frecuencia de las comunicaciones con sus letrados defensores (orales, telefónicas y escritas) en los dos últimos años; c) Derecho de asistencia médica: informe de los servicios médicos; d) Derecho al acceso a la educación y cultra: Indicando los estudios y actividades formativas y culturales solicitadas por el interno, y las cursadas en su caso».
En último lugar, el juez pide a Instituciones Penitenciarias que le comunique si constan quejas anteriores del preso respecto a estas vulneraciones de derechos, y si en ese caso hubo respuesta por parte de la Administración penitenciaria.
Esta primera tanda de quejas contra la dispersión por parte de los presos ha sido activada desde noviembre, en lo que supone un nuevo paso en la decisión adoptada por EPPK en diciembre de 2013 para explorar las vías legales de modo individual. La primera fase consistió en solicitar el traslado a Zaballa -y la excarcelación en los casos correspondientes por ley- ante la Administración penitenciaria, algo que fue denegado en todos los casos sin excepción. Con estas quejas el asunto ha entrado en la vía judicial, comenzando por la AN. R.S.
El Supremo debate mañana sobre el cómputo de penas
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo español reanudará mañana su deliberación sobre cómo debe aplicarse la normativa europea sobre cómputo de penas. En principio, el tribunal debe decidir sobre el recurso de Kepa Pikabea, pero su resolución podría afectar a medio plazo a decenas de presas y presos vascos.
GARA
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